Manifiesto de apoyo a Villalar. Nos sumamos desde el PCE

La Junta de Castilla y León y el Presidente de las Cortes están intentando devaluar y minimizar la fiesta de Villalar de los Comuneros, reconocida en el Estatuto de Autonomía como la fiesta oficial de Castilla y León. Han reducido la aportación económica para su celebración, y han cedido a las presiones de la ultraderecha para que el 24 de abril, el lunes siguiente al Día de la Comunidad, deje de ser festivo en favor de la fecha de Santiago Apóstol, a pesar de que el calendario laboral ya estaba aprobado con anterioridad y con consenso.

Desde que la extrema derecha ha irrumpido en el Gobierno se precia de romper acuerdos y compromisos, eliminar programas y servicios públicos, imponer su voluntad unilateralmente y rechazar el diálogo, la negociación y el acuerdo como forma de gestionar la vida pública. Estos golpes a la más elemental concepción de la democracia arrastran al Partido Popular, al punto de ver a responsables públicos, que deberían estar alejados de los postulados del matonismo y la prepotencia de la extrema derecha, protagonizar episodios escandalosos y zafios. Todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales firmantes de este Manifiesto queremos revertir esta situación ya que creemos que nos jugamos mucho.

El próximo 28 de mayo la ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma tiene que demostrar, con su voto, el rechazo a estas políticas del odio y la confrontación. También lo debemos demostrar este 23 de abril con motivo de la Fiesta de Castilla y León acudiendo a la campa de Villalar de los Comuneros.

Este año somos más las organizaciones que reivindicamos el espíritu democrático comunero. Desde los partidos, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales firmantes de este texto queremos recordar que se trata de una celebración históricamente vinculada con la lucha por la libertad, la democracia, los derechos sociales y el progreso. El año anterior ya lamentábamos la situación en la que nos había puesto la irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular, convocando elecciones anticipadas en plena pandemia y conformando un gobierno con un partido de la extrema derecha. Después de un año de Gobierno, podemos y debemos denunciar que la derecha y la extrema derecha están deteriorando la calidad democrática, haciendo retroceder nuestros derechos, devaluando los servicios públicos y creando un clima que socava la convivencia basado en la confrontación, el odio, la prepotencia, la mentira y la ausencia absoluta de diálogo político y social.
No queremos que nuestra tierra sea ejemplo de retroceso para el resto de España, ni queremos que este modelo se exporte al resto de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Por ello hemos realizado movilizaciones importantes en la calle y actos públicos significativos contra estas políticas en los meses pasados. Consideramos que la extrema derecha sólo viene a destruir lo que tantas manos, durante tanto tiempo, nos hemos empeñado en crear. Mientras tanto, los múltiples problemas que tenemos quienes habitamos las ciudades y pueblos de Castilla y León siguen ahí o se agravan cada vez más ante la inoperancia de un Ejecutivo que naufraga en declaraciones ampulosas y contradictorias con sus dos cabezas que se funden y confunden en una sola.

Seguimos asistiendo a la despoblación de Castilla y León. Nuestro medio rural pierde los servicios que necesita, como los consultorios locales, que, si se gestionaran adecuadamente, podrían atraer población. El cambio climático golpea nuestra tierra con sequías y devastadores incendios como los ocurridos el pasado año. Mientras, la Junta de Castilla y León sigue sin poner los medios necesarios para luchar contra el fuego, recortando fondos y limitando las campañas de incendios a los meses de verano cuando la realidad ha demostrado que los fuegos cada vez aparecen antes y con más destrucción y riesgo para las vidas humanas y los recursos naturales de nuestra tierra. Nuestros pueblos están siendo abocados a la exclusión financiera y mantienen intactos muchos otros problemas como el transporte insuficiente, la falta de acceso a Internet o las escasas oportunidades culturales. Pero también las ciudades sufren el éxodo de nuestros jóvenes, que no encuentran oportunidades laborales y cuya huida provoca que la edad media de la población sea mayor sin posibilidades de reposición de nuestra población activa.

En estos momentos tenemos más presupuesto que nunca, gracias a los nuevos Fondos Europeos. Tendrían que servir para modernizar nuestra economía, para paliar los problemas de la despoblación, para conectar todos los puntos de esta Comunidad Autónoma, para evitar perder el tren de la modernidad. Y, sin embargo,la Junta de Castilla y León está más volcada en criticar y oponerse al Gobierno de España que en proponer medidas para que nuestra Comunidad pueda solucionar sus problemas. Esperamos que la Junta de Castilla y León no repita el enorme ridículo de devolver dinero como ha ocurrido ya en 2022 con 100 millones de euros que la Consejería de Empleo ha tenido que revertir al Estado por no saber, o no querer, ejecutar los programas y proyectos financiados. La política fiscal del Gobierno Autonómico, rebajando los impuestos a quienes más tienen, no ayuda a mejorar nuestras infraestructuras ni a dotar adecuadamente los servicios públicos que son el salario diferido de los trabajadores y las trabajadoras y que benefician a toda la ciudadanía.

Seguimos sufriendo el deterioro de la sanidad, con listas de espera interminables y falta de médicos para atender la, cada vez, más precaria atención primaria. Siguen las privatizaciones de servicios sanitarios. La enseñanza pública pierde recursos a favor de la enseñanza privada, mayoritariamente religiosa. Con la gratuidad de las enseñanzas del primer ciclo de educación infantil, la enseñanza privada ha logrado la baza de contar con la mayoría de las aulas de educación infantil que el Ejecutivo autonómico ha concedido. Esto va claramente en detrimento de la enseñanza pública que, cada vez más observa cómo se reduce la financiación de los centros públicos. Utilizan, una vez más, fondos públicos con fines privatizadores que restan igualdad de oportunidades a las familias que necesitan estos servicios, transformando el derecho fundamental a la educación en la base de diferencias sociales. Insistimos en la necesidad de potenciar la enseñanza pública incrementando la dotación de profesorado para hacer frente a las necesidades derivadas de la diversidad del alumnado.
Las residencias de personas mayores están hoy peor que lo estaban al inicio de la pandemia que puso blanco sobre negro las deficiencias de un sistema basado en la concertación de plazas con centros privados. Respecto a la movilidad creemos que es una buena noticia el incremento de frecuencias del corredor Palencia-Valladolid- Medina del Campo que ha aceptado el Gobierno central, aunque insuficiente y exigimos a la Junta de Castilla y León que apueste por el tren como medio para vertebrar nuestra Comunidad, sin esperar a que sea el Gobierno de España el que lleve a cabo las políticas que mejoren nuestra vida, así como una apuesta decidida

En su fenotipo está el machismo, que no reconoce que las mujeres seguimos sufriendo discriminación, violencia y muerte. Es especialmente preocupante, el discurso que se está haciendo en nuestra Comunidad negando la existencia de la violencia de género, un discurso peligroso que ha sido instalado por la extrema derecha en nuestro Gobierno y que no solo banaliza y naturaliza la violencia sino que la refuerza y legitima. Por ley son precisamente las Instituciones las que deben poner todas las medidas al alcance de las mujeres para que dejen de ser agredidas y asesinadas. Recortar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres que nos hacen retrotraernos a épocas pasadas y retroceden décadas cuando rechazan la diversidad sexual y las leyes que protegen al colectivo LGTBI, siendo Castilla y León la única Comunidad Autónoma sin una ley que garantice derechos a este colectivo, pudiendo provocarse actitudes lgbtifóbicas.

También rechazan el anhelo de una sociedad que quiere cerrar viejas y dolorosas heridas sacando a sus familiares asesinados de las cunetas, reconociendo su lucha por la libertad y la democracia, no cumpliendo tampoco con la ley de la Memoria Democrática. Embisten contra las personas migrantes que solo buscan un futuro mejor y que están ayudando a limitar la pérdida de población en Castilla y León.
Tenemos que decirlo alto y claro: nos parece inadmisible que la Presidencia de las Cortes de Castilla y León la ejerza una persona de la extrema derecha, que está denigrando la vida parlamentaria y la principal institución de la democracia en nuestra Comunidad. Nos parecen inadmisibles las declaraciones y las actuaciones esperpénticas y vergonzantes de la Vicepresidencia de la Junta, como lo sucedido en torno al protocolo sobre el aborto, uno de los últimos acontecimientos que provocó la intervención del Gobierno de España para evitar recortes en los derechos de las mujeres.
Nos parecen igualmente rechazables las actuaciones, ya materializadas, de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, en manos también de la extrema derecha. Esta Consejería tendría que velar por el buen funcionamiento del mercado de trabajo, por la negociación, sobre todo en las relaciones laborales entre patronal y sindicatos, favoreciendo siempre los acuerdos que son positivos para todos y todas. Tendría que poner en marcha más programas públicos para los colectivos más desfavorecidos y más servicios para los trabajadores y trabajadoras. Pero, estando en manos de la extrema derecha, la Consejería se ha dedicado a destruir lo que se había conseguido. No sólo ha reducido las ayudas a las

También hemos visto la destrucción de los ámbitos de concertación, sin respetar la representatividad legal de las Organizaciones Sindicales y Patronales, de las Asociaciones de Trabajo Autónomo y de la Economía Social, de las Organizaciones Agrarias. Han llevado a la inutilidad la participación institucional. Se ha perdido, por ejemplo, la Mesa del Autónomo, que llevaba trabajando desde 2005, y se ha paralizado la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo, órgano de participación ya creado en numerosas comunidades. Toda la política de la Consejería va en contra de la ciudadanía de nuestra tierra, pero también de nuestras empresas cuando se muestra completamente incapaz de mediar en conflictos como el de Siro, una industria que podría haber dejado en la calle a 1.500 trabajadores y trabajadoras y muchos más empleos indirectos.

Reivindicamos los procesos de Diálogo Social como instrumentos al servicio de la ciudadanía de Castilla y León y exigimos respeto a los acuerdos vigentes y a la legalidad democrática que emana de la Constitución y le concede el propio Estatuto de Autonomía y la Ley de creación del Consejo de Diálogo Social y de la Participación.

En el ámbito de la Cultura, también gestionada por la extrema derecha, hemos visto entregar premios a destacados pseudofascistas y dejar huérfano al sector cultural en nuestra Comunidad.

Exigimos al presidente del Gobierno de Castilla y León que cese a estos responsables y rescate al legislativo y a esta parte fundamental del ejecutivo para evitar el deterioro constante de nuestra democracia, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía en general.

Como dijimos el año pasado una de las cosas que más necesitamos y reivindicamos para el futuro en Castilla y León es la convivencia pacífica y en libertad. Abogamos por mantener el diálogo y la tolerancia frente a quienes promueven el odio y el enfrentamiento. Defendemos la democracia en su dimensión más amplia y no podemos aceptar que la intransigencia de unos pocos lleve a la mayoría a la regresión de épocas de nuestra historia que creemos superadas.

Queremos hacer un reconocimiento expreso a los vecinos y vecinas de Villalar que, durante casi cincuenta años, nos han acogido y manifestar nuestro respeto a las mujeres y los hombres que dieron su vida por la causa comunera en las personas de: Padilla, Ana Barca, Bravo, María Colomer, Maldonado y María Pacheco.

Por tanto, hacemos un doble llamamiento. Pedimos la máxima participación en la fiesta de Villalar de los Comuneros a todas las personas comprometidas con la concordia, la paz, la democracia y el futuro de esta tierra. Y también solicitamos la participación masiva en las urnas el próximo 28 de mayo a todas y todos los castellano-leoneses con el objetivo de erradicar las políticas que nos llevan a retroceso y a la confrontación.

Juntos y juntas podremos frenar los peligros de la situación actual y llegar a una Castilla y León más avanzada, más democrática y diversa, donde puedan vivir con dignidad y orgullo nuestros ciudadanos y ciudadanas, donde nuestros jóvenes puedan construir un futuro prometedor para ellos mismos y para nuestra tierra.

Viva Villalar. Viva Castilla y León.