Comunicado ante el fallecimiento del trabajador de la red de calor de Valladolid

Acabamos de conocer la muerte de un trabajador en las obras de la red calor de Valladolid, y desde el Partido Comunista de España en Valladolid queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia del trabajador fallecido.

Al mismo tiempo, desde el PCE en Valladolid, queremos también denunciar la alta siniestralidad laboral que existe en nuestra región. El año pasado, se produjeron en Castilla y León, un total de 26.336 accidentes con baja en el trabajo, lo que representa un aumento del 5,1 por ciento en comparación al año anterior, es decir, en datos absolutos, 1.273 percances más.

El índice de incidencia global se situó en Castilla y León en 2.852,8 accidentes con baja por cada 100.000 ocupados, también muy por encima de los 2.715 de la media en España (539.584). En 2022, esa proporción estaba en los 2.761.

Estamos acostumbrados a que Castilla y León figure entre los primeros puestos en la siniestralidad laboral, y en este sentido, nuestra comunidad fue la quinta autonomía con mayor índice de incidencia de accidentes mortales.

Han pasado más de 28 años desde que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborables , la ley 31/1995, y los datos muestran que hemos avanzado muy poco. El incumplimiento de la ley por parte de empresarios y el poco interés por parte de los diferentes gobiernos en dotar de medios a la Inspección de Trabajo están detrás de este problema. Según la ley, toda empresa está obligada a realizar una evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo, pero los informes son un cortapega, cuando no están directamente desfasados, y las actuaciones para evitarlos se alargan en el tiempo.

Esto se une a que la labor de la Inspección de Trabajo para controlar el cumplimiento de la ley es insuficiente, débil en sus funciones e incapaz de llegar a todos los centros de trabajo, debido a su escaso personal. Se hacen visitas rutinarias de las que salen informes cuyo cumplimiento se demora en el tiempo o no se cumple nunca. ¿De que sirve multar a una empresa después de un accidente y obligar a que tome las medidas para que ese hecho no vuelva a ocurrir, si en la máquina de al lado, o en el siguiente andamio, no se verifica que sean seguros?

A todo esto se añade que desde las instituciones públicas tampoco toman las medidas necesarias para paliar ésta situación, con falta de políticas en materia de prevención y con unos presupuestos insuficientes. La inmensa mayoría de las empresas castellano y leonesas son pequeñas o muy pequeñas y no disponen de delegado o delegada de prevención, figura imprescindible para fomentar la prevención en la empresa y entre los trabajadores. Son estas empresas en las cuales se producen buena parte de los accidentes y daños a la salud de los trabajadores en nuestra comunidad, y en las que la administración debe redoblar su labor de vigilancia ante los incumplimientos constantes de la ley.

La precariedad y el deterioro de las condiciones laborales están afectando a la salud de la población trabajadora, el número de víctimas no puede ser tomado a la ligera, es hora de dar la vuelta a la situación, de que los empleados se lleven siempre la peor parte. Es intolerable que una persona muera por realizar el trabajo que, a duras penas, le garantiza una vida digna. Ni una muerte más, ni un accidente laboral grave más en Valladolid. No lo podemos permitir.