Defender la sanidad pública para la clase trabajadora
Decían que de la pandemia saldríamos mejores y todos los días a las ocho nos animaban a aplaudir el esfuerzo de nuestros sanitarios, pero la realidad es que la sanidad pública se encuentra en una situación de crisis permanente. Si conseguimos que, a pesar de todo, sea una sanidad de calidad se debe especialmente a la profesionalidad de trabajadoras y trabajadores que se dejan la piel.
A pesar de ello, no basta con los aplausos en determinados momentos y con la profesionalidad de quienes trabajan en la sanidad pública: la sanidad pública necesita más personal, más financiación y más infraestructura. Como ejemplo, la proposición de Ley de seguridad del paciente (de momento paralizada) plantea una ratio de 1 enfermera por cada 8 pacientes en hospitales y de 1 cada 1500 en centros de salud; algo que no se cumpliría en Castilla y León, y en ningún otro. A esta falta de personal estructural hay que sumarle la situación que se genera en verano, donde las cosas se complican todavía más. Sin embargo, mejorar las condiciones en las que las y los profesionales de la sanidad pública se enfrentan a su labor significa colocar las vidas de la clase trabajadora en la base de la pirámide, algo que no se conseguirá si depende de la voluntad de quienes nos gobiernan.
Precisamente en estrecha relación con las condiciones laborales se encuentra la falta de infraestructura y dotaciones suficientes para atender. Tenemos ejemplos de sobra, el hospital del Bierzo en Ponferrada, la falta de un centro de atención primaria en el barrio burgalés de Gamonal, el retraso en la ampliación del centro de salud de Laguna de Duero o el abandono del centro de especialidades de Benavente. Situación que impone que 5 años después del inicio de la pandemia el 40% de las consultas médicas sean telemáticas, algo que no permite establecer un diagnóstico correcto ni un trato suficiente. Esta situación se ve agravada en el caso de población envejecida y, especialmente, además en el medio rural donde la falta de servicio incide especialmente en la despoblación agravando un problema crónico de nuestra región. Dar respuesta a un territorio con localidades dispersas con los recursos de los que dispone la sanidad pública en el medio rural se hace prácticamente misión imposible: hay centros médicos, como el de Briviesca (Burgos), que cubren a 43 municipios diferentes; hay zonas, como en los valles de Babia y Luna (León), en las que no hay consultas pediátricas.
Resulta curioso ver cómo se dan situaciones como la del barrio de Pinilla en León, en donde se alquila parte de un hospital privado para atender consultas de atención primaria. La tendencia instalada consiste en desviar fondos públicos a clínicas privadas para intentar ‘’aligerar las listas de espera’’, que se encuentran en una media de 100 días. En 2021, en plena pandemia, los conciertos con la sanidad privada alcanzaron los 127 millones de euros; en los presupuestos de 2023 subieron a 200 millones de euros. Sin embargo la sanidad privada en nuestro territorio representa tan sólo el 22% de las camas (aunque el 56% de los hospitales). Aunque es cierto que los desvíos son, de momento, pequeños no podemos defender un modelo que consiste en transferir rentas públicas a manos privadas para que, además, en estos centros sanitarios las condiciones laborales y de asistencia sanitaria sean en la mayoría de los casos deficientes. Ejemplo de esta situación son las residencias de mayores donde casi el 70% de las plazas son residencias privadas, en muchos casos concertadas; y en donde las condiciones laborales, siendo un sector absolutamente feminizado, son muy malas consolidando directamente la brecha de género. No podemos dejar de recordarle al Gobierno central la necesidad de derogar la ley 15/97 que abre la puerta a todas estas colaboraciones público/privadas que no dejan ser una privatización encubierta de nuestro sistema de salud. De esta forma se hubiera evitado la externalización de la gestión de las ambulancias de CyL, que han sido entregadas a una compañía (HTGROUP) que acumula varias sanciones por las condiciones laborales que ofrece.
El desvío de fondos públicos a manos privadas no acaba aquí. Con MUFACE, el Gobierno central ha perdido la oportunidad de mostrar su absoluto compromiso con los servicios públicos al plegarse a las condiciones económicas impuestas por las aseguradoras privadas para la prestación del servicio sanitario de los funcionarios que así lo decidan. En Castilla y León solo el 36.6% de los funcionarios civiles han optado por acceder a su derecho sanitario a través de la Sanidad Pública.
Todos estos problemas no son una casualidad ni un hecho aislado. Tampoco son fruto de una mala gestión. Son las consecuencias de un sistema que pone el beneficio económico de unos pocos por encima de la salud y la vida de la clase trabajadora. La falta de inversión y las malas condiciones de trabajo en la sanidad pública allanan el mercado a la sanidad privada, tanto para usuarios como para profesionales, y es parte del plan neoliberal de pauperizar los servicios públicos para fomentar los privados. En capitalismo todo es susceptible de ser mercantilizado incluso nuestra salud y nuestra vida no valen nada cuando hay beneficios económicos de por medio.
