La ley de concordia es un homenaje al fascismo

El pasado 26 de marzo el gobierno de PP-Vox de Castilla y León perpetró un ataque más a la memoria de los cientos de miles de asesinados, represaliados, torturados y exiliados derivados del golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura.

Tanto PP como VOX son herederos directos de aquellos que decidieron acabar con el sueño republicano y sumir al país en una dictadura fascista con tal de que las clases dominantes no perdieran ni uno solo de los privilegios de los que disfrutaban a costa del hambre y el sufrimiento del grueso de la población. No debe sorprendernos, por lo tanto, el ejercicio de revisionismo histórico que supone la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León. Los dos partidos integrantes del gobierno autonómico necesitan hacernos olvidar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante cuarenta años de dictadura; necesitan que siga corriendo el relato de que fue una guerra entre hermanos sin demasiada importancia; tienen que ocultar por cualquier medio el hilo que une a las élites franquistas de la época con los capitalistas nacionales de hoy día.

La Historia no la deciden las leyes por más que les pese a aquellos que un día de noviembre de 1975 se acostaron firmando sentencias de muerte y al siguiente eran demócratas de toda la vida. La Historia es tozuda en los hechos y pueden eliminar la palabra dictadura, pero no la dictadura nazifascista que impusieron en España con sangre, miedo, tortura y asesinato; pueden seguir disfrazando el Golpe de Estado en una disputa entre iguales, pero los militares seguirán habiéndose alzado para que los intereses de la clase dominante de la época no se vieran mermados; pueden hablar de concordia, pero no habrá concordia alguna mientras uno solo de aquellos que dejaron su vida por defender la democracia contra el fascismo siga en una cuneta, no habrá concordia alguna sin reparación a todas y cada una de las víctimas republicanas, no hay concordia en el revisionismo.

Desde el PCE en Castilla y León, exigimos la retirada de la Proposición de Ley a la Junta, el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre las víctimas de la guerra y la dictadura de España y ahondar en la Ley Estatal 20/2022 (Ley de Memoria Democrática) para evitar que desde las Comunidades Autónomas se pueda intentar cometer este tipo de tropelías y asegurar la verdad, la justicia y la reparación de todos aquellos que vieron sus vidas truncadas por aquel Golpe de Estado que acabó con la voluntad democrática de todos los españoles en las últimas elecciones de la II República y con los que seguimos teniendo una deuda histórica que debe ser saldada. Así mismo, hacemos un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora, al resto de partidos políticos, los sindicatos de clase y a las asociaciones de Memoria Histórica para hacer frente juntos a estos ataques a la dignidad de la lucha republicana.

Hoy, como en el 36: NO PASARÁN.